Entrevista a la Plataforma Afectados por las deudas del ERA

En nuestra tarea de explicitar algunos de los principales problemas que acaecen a la ciudadanía, en ocasiones, lo más enriquecedor es la gente con la que uno se encuentra. Esto es un hecho: sus testimonios son, casi siempre, una oportunidad para aprender. Durante nuestra breve andanza como El Sermón del Perro, hemos emprendido diversas pesquisas para aproximarnos a distintas realidades sociales, conocer sus matices y diferentes reivindicaciones. Al profundizar sobre la cuestión de la dependencia nos encontramos con la Plataforma de Afectados por las deudas del ERA (Establecimiento de Residencias de Ancianos). Fue así que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos para que nos narrasen la crudeza de una realidad (económica, demográfica y social) a través de sus reivindicaciones. Sus respuestas son tremendamente críticas hacia algunas de las fallas de la administración autonómica y los medios que destinan a los mayores y dependientes. Es una gran ocasión para reflexionar y extraer conclusiones. A continuación os dejamos con la entrevista.

Fuente de la imagen de cabecera: Prensa Ibérica, la Nueva España.

P- En primer lugar, cuéntennos un poco, ¿qué es la Plataforma de Afectados por el ERA y quiénes forman parte de ella?

R- La Plataforma de Afectados del ERA es una asociación creada en 2016, y constituida mayoritariamente por familiares que hemos sufrido o sufrimos por la mala gestión, malas praxis o negligencias en la atención de personas mayores o dependientes atendidas por el Organismo denominado Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (siglas de ERA). Por supuesto, la Plataforma está abierta a que formen parte cualquier usuario preocupado por la calidad del funcionamiento y la buena gestión pública de las residencias geriátricas, y por el respeto de los derechos ciudadanos y fundamentales de las personas mayores, o en situación de dependencia que viven en ellas.

En realidad, los fundadores de nuestra Plataforma fueron los afectados por la gestión económica errada del ERA en la aplicación de la Ley de Dependencia de 2006, que consideramos que conllevó un maltrato económico de personas vulnerables, y que afectó a muchas familias. Con la puesta en común de los problemas en las residencias, las reivindicaciones se ampliaron hacia la visibilización y concienciación de cualquier tipo de maltrato en las mismas, ya que las denuncias que se venían haciendo estaban groseramente invisibilizadas, los denunciantes carecían de un canal adecuado de consulta ante el silencio de la administración, y sobre todo, tenían miedo por su soledad ante el sistema: la Inspección de Centros Geriátricos de la Consejería tiene la costumbre o consigna de no tramitar ni contestar  las denuncias que se dirijan contra las residencias públicas del ERA, y tampoco las inspeccionaban jamás; la fiscalía no sabemos realmente qué hace porque debería supervisar la situación de personas institucionalizadas, pero tenemos la impresión de que archivan toda denuncia, y para que un juzgado investigue, poco menos que tienen que pillar a una persona ya muerta y con un cuchillo clavado o algo similar. Alguna de esas quejas de los familiares se refiere a la disfuncionalidad de la asistencia sanitaria de las personas institucionalizadas, y por desgracia la pandemia ha dejado claro cuánta razón tienen.

P- Como ya os hemos comentado, casi ha sido un azar encontrarnos en las redes y es poco lo que sabemos de este fenómeno. Para los menos puestos (como nosotros), ¿qué es el ERA y cómo afecta a la población asturiana?

R- El Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) se creó en 1991 al amparo de la Ley del Anciano de Asturias, y es la estructura administrativa que se encarga de la gestión de los establecimientos residenciales y centros de día para personas mayores dependientes de la Administración del Principado de Asturias, además de las tutelas de personas mayores encomendadas por el Letrado del Anciano. El ERA es un organismo muy peculiar, con personalidad juridica y patrimonio propio, y creemos que no existe ninguno con gestión similar en las demás autonomías españolas. Por poner un paralelismo, en Extremadura, la Comunidad Autónoma con más plazas residenciales de gestión pública (56%),  tienen el servicio denominado SEPAD, con una estructura más compleja, que depende directamente de una Consejería mixta con competencias sociales y sanitarias. El ERA de Asturias, en cambio, tiene gestión completamente autónoma, aunque esté adscrito a la  Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la cual, a su vez, actualmente está totalmente desligada de la Consejería de Salud, aunque en un inicio ambas estaban fusionadas en una consejería única, y de esta separación es posible que se derive buena parte de la problemática actual.

El ERA gestiona actualmente directamente un 27% aproximadamente de las plazas residenciales de Asturias, según los datos del CSIC de 2020, distribuidas en 29 centros. Un 13% restante de las plazas residenciales que tienen a su cargo, la gestionan indirectamente en centos externalizados, o son plazas en centros privados concertados. Los centros de gestión directa se consideran centros sociales,  no sociosanitarios, salvo dos, que cuentan con médicos propios. El personal está bajo el régimen laboral mayoritariamente.

La pregunta de cómo afecta a la población asturiana tal vez esté mal formulada, y debería extenderse a cómo afecta a población nacional: todos los centros y organismos que reciben dinero público para atender la dependencia y promocionar la autonomía, lo reciben tanto de fondos estatales como autonómicos. Sus aciertos repercuten en toda la sociedad, y sus errores de gestión, por tanto, también los pagamos todos los contribuyentes. Obviamente, por la disposición de fondos autonómicos, y el copago individual de los usuarios, los asturianos sufrimos más si cabe la gestión de calidad de servicios o económica del ERA no es adecuada.

En Asturias, cuando comenzaron las reclamaciones de las familias por las deudas abusivas, muchas personas no afectadas no entendieron el fondo de la cuestión, ni su trascendencia para el conjunto de los ciudadanos. De hecho, hubo quien pensó que se trataba de usuarios que se negaban a copagar, y nada más lejos de la realidad. Y ello, por poner un símil entendible, aunque todos entendamos que no se nos puede hacer responsables de un producto bancario usurero que se nos “coloca” sin una información clara y adaptada al nivel de comprensión del cliente, o mediante engaños.

La cuestión es que el ERA gestiona directa o indirectamente muchas residencias, repartidas en toda una orografía que se caracteriza por una gran dispersión geográfica con comunicaciones complejas. Por ello, las opciones de atención residencial a veces son escasas en la proxmidad de la vivienda habitual, excepto tal vez para las dos localidades más grandes, Gijón y Oviedo. Si la residencia más próxima funciona mal, bien no se dispondrá de alternativas, bien se tendrá que optar por el desarraigo familiar y social buscando otra residencia lejos, y siempre con la incertidumbre de no saber si se está optando o no por una mejor atención.

P- Entendemos que la Plataforma surge como una demanda ciudadana ante un problema social cada vez con más protagonismo. ¿Cómo se vive en Asturias el asunto de la dependencia? ¿Han sido correctas las medidas que se han tomado para paliarla? ¿Es consciente la gente de la amplitud del problema?

R- Asturias tiene mucha población envejecida, y además con una gran carga de enfermedades crónicas por la contaminación ambiental de ciertas zonas, o por la dureza de ciertas actividades como la minería. Las personas dependientes además de serlo, suelen requerir seguimiento sanitario estrecho, puesto que las expectativas de años de vida saludable están por debajo de la media nacional.

Respecto a las medidas tomadas, venimos asistiendo, desde hace años, a una especie de alocada competición entre comunidades por los “números”: a ver quién valora a más dependientes, a cuántos les ofrecen recursos y cuánto se tarda. Y como lo que mandan son los números, resulta que se descuida una cuestión fundamental, que es la calidad del servicio que se les da. Es más, falla desde la base cuando se antepone la “atención de la dependencia” a la “promoción de la autonomía”, al aplicar la ley 39/2006. Aunque sabemos que ahora se trabaja en ello, no existe ningún indicador de calidad que compare a las distintas autonomías, de modo que, midiendo sólo numeros, cuenta lo mismo la atención de un mayor sedado y atado a una silla de ruedas de una sala común de una residencia a la que ha entrado andando, que otro atendido con la oferta de un espacio adecuado para seguir caminando y con ayudas técnicas o supervisión profesional para hacerlo de forma segura. Tampoco se entiende que, mientras existen comunidades autónomas que, en aplicación de la Ley nacional han desarrollado sistemas de atención sociosanitaria avanzadas, y opciones variadas además de atención al usuario, hay otras como Asturias, que ha tardado 12 años en regular el copago con los criterios que se especificaban en dicha Ley, y 15 años en regular la figura del asistente personal, como se nos ha anunciado recientemente con gran pompa. Por tanto, la respuesta creeemos que es no, no se ha hecho bien, porque en primer lugar no se han sentado unas bases uniformes de aplicación de la legislación nacional en todo el territorio espñol. En Asturias los retrasos de valoración han condicionado que lo importante sea la disposición de plazas residenciales para atender a los dependientes, donde no se aplica la promoción de la autonomía, puesto que se llega tarde para prevenir la pérdida de la misma. Hemos asistido a la apertura triunfal de centros residenciales públicos, que se ponen a funcionar deprisa y corriendo, especialmente en periodo prelectoral, tanto que se ocupan, incluso durante años, sin tener siquiera los permisos municipales, o sin tener la conformidad de las condiciones de seguridad o sanitarias por parte de los organismos inspectores. Además, el primer plan de coordinación entre el servicio de Salud (SESPA) y los servicios sociales fue el del bienio 2019-2021, y dadas las circunstancias de la pandemia, ya se puede uno imaginar c´ómo ha resultado su puesta en marcha en la práctica. Faltan 2 meses para que caduque este plan de coordinación, y no se vislumbra un plan nuevo.

No podemos saber hasta qué punto afectan estas deficiencias, ni siquiera los que estamos directamente involucrados, puesto que al tiempo venimos padeciendo un gran déficit de información, y eso otra importante lacra. Cuando metes a tu familiar en una residencia del ERA vas con la idea que es lo mejor, por el simple hecho de ser pública, y pasan años hasta que te enteras que no pasan inspecciones, por su propia regulación, que ademas puede que no tenga permisos municipales ni sanitarios, y que la asistencia diligente de los problemas de salud es prácticamente una cuestión de suerte.

La carencia de información tiene mucho que ver con la falta de inspecciones. Baste decir que en un análisis comparativo de El Pais, de este julio, Asturias es la comunidad con peor ratio de inspectores por centro geriátrico, y eso después de reforzar el servicio por la pandemia. De hecho, antes de 2020 no se hacían inspecciónes a las residencias del ERA. Bueno, en realidad sí se hizo una, en 2015, a la mayor residencia asturiana, pero fue una “sorpresa” del Defensor del Pueblo, que elaboró un informe con un montón de sugerencias para corregir problemas muy básicos que la administración no admitió o ejecutó, y al final el Defensor del Pueblo llegó a la demoledora conclusión demoledora de que nuestra Consejería de Derechos Sociales no es colaboradora, algo que tampoco ha salido en los perriódicos, claro.

Lo que sí nos parece evidente es que las residencias se vienen usando a modo de hospitales clandestinos, sin tener siquiera una coordinación consolidada y uniforme con el servicio de salud, lo que desconocen muchas familias desbordadas, y tal vez engañadas en cuanto a expectativas.

P- Este verano hemos vuelto a vuestra tierra por primera vez desde el comienzo de la pandemia. La orografía asturiana es una joya y la comida aún mejor, pero su particularidad puede suponer un gran problema para la asistencia a domicilio a dependientes, ¿creen que hay medios y personal suficiente para acudir a cada uno de los dispersos pueblos, atendiendo además a que, según datos, es allí donde reside gran parte de los mayores de la región?

R- Efectivamente la orografía y la dispersión geográfica pudieran suponer una complicación en la asistencia social y sanitaria. Pero esó sí que ha sido previsto, y por eso la organización territorial de Asturias según 8 áreas, define zonas “especiales” de atención, con dotación y recursos diferenciados. Los profesionales que atienden estas zonas muchas veces tienen una vocación particular, y si no la tienen, al menos cuentan con incentivos económicos salariales.

También hay que tener en cuenta que el hecho de que vivan personas más ancianas en zonas aisladas o rurales no tiene por qué implicar más dependencia ni mayor complicación de su atención, ya que las redes familiares y sociales son distintas, incluso los horarios de trabajo y el tiempo que la persona se mantiene activa y autónoma, por ejemplo, cultivando su huerta. De hecho, algunas de esas personas aumentan su situación de dependencia cuando se les desarraiga de su entorno, para llevarlos a casa de los hijos en pueblos grandes o ciudades. No percibimos que la dispersión geográfica complique el problema, salvo cuando realmente se precise de una residencia, y tienes sólo una opción en tu entorno y no es la adecuada. Los de servicios sociales refieren precisamente que en esas zonas más apartadas, la coordinación sociosanitaria en general es donde mejor funciona

P- El Covid-19 ha puesto a las residencias en el foco, pero quizás no se ha puesto todo el acento en la cuestión de la soledad, el desamparo y la desatención a aquellos que no pueden valerse por sí mismos en el día a día, ¿cómo ha sido esta vivencia? ¿Van a mejor las cosas, o todo se ha difuminado?

R- La soledad no deseada es un tema terrible de magnitud y consecuencias desconocidas, sobre las que aún no hemos reflexionado como sociedad. La pandemia lo ha exacerbado para todas aquellas personas que padecen la brecha digital sobre todo. Sabemos que con personas mayores contagiadas de COVID, pero asintomáticas, el servicio de atención a domicilio les llegaron a advertir, sin sonrojo alguno, que no tenían obligación de atenderles, aún cuando ya se disponía de EPIs, o sea en 2ª y 3ª ola.

Tal vez sea pronto para valorar lo vivido, pero nos parece que se pretende pasar página y que todo siga igual, porque no se vislumbra ningún interés por hacer un análisis autocrítico en aras a corregir los errores. El hecho de que no se plantee ninguna mejora de coordinación entre servicio de salud y srvicios sociales nos lo confirma. Nosotros hemos elaborado nuestras propias propuestas al respecto, consensuadas con otras asociaciones sensibilizadas, concretamente la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, y  la Asociación Ayuda entre Mayores.Casi ninguna comunidad ha querido abtir comisiones de investigación. Aquí tampoco ha habido interés por ello.

P- ¿Qué le falta al sistema asturiano (o estatal) de atención a la dependencia? ¿Qué falta? ¿Es correcto el sistema de gestión? O mejor, ¿cómo se imaginan el sistema perfecto?

R- Tal vez ya hayamos contestado en parte: al sistema de atención a la dependencia le falta, aparte de la diligencia que prima hasta el momento, la evaluación de la calidad, la uniformidad de prstaciones en todo el territorio español, un esclutinio estricto de la eficiencia y buena gestión de las inversiones económicas, y por encima de todo la priorización de la “promoción de la autonomía”,  una coordinación adecuada y no discriminatoria con el sistema sanitario, unido al respeto de los derechos fundamentales de los usuarios, para lo que es preciso que la fiscalía se tome en serio la protección efectiva de las personas más vulnerables por su incapacidad. Casi nada.

P- ¿Ha habido algún avance en los últimos años?

R- Por supuesto, lentos pero los ha habido. La regulación con rango de Ley de la promoción de la autonomía y atención a la dependencia en 2006 ha sido un avance social no suficientemente ponderado, especialmente para las cuidadoras, en femenino porque son mayoritariamente mujeres.

Respecto a los avances en las grandes deficiencias en la aplicación de esta Ley en Asturias, como fruto de nuestra lucha, y con el apoyo de varias formaciones de la oposición del gobierno autonómico, de todo el arco político, hemos conseguido que se revisen los expedientes de reclamación de las deudas, y que se publique el decreto que regula debidamente el copago, en 2018.

La pandemia posiblemente haya despertado alguna conciencia, al menos para que  los potenciales usuarios tengamos una marca de atención en nuestra memoria.

Sobre la problemática general de la atención de personas mayores, y propiciado por la situación de pandemia, además hemos tejido una red de plataformas a nivel nacional, que ha sido convocada para colaborar en una Mesa de Diálogo Civil, para elaborar criterios de calidad unificados.

No obstante, tenemos que añadir que aún recientemente nos hemos encontrado que en nuestra comunidad parece que se está aprovechando la confusión postpandémica para repetir irregularidades históricas, porque tenemos nuevos reclamantes sobre los que la Administración parece actuar con mala fe. Además de ciertas situaciones muy preocupantes,  que requieren más cautela en la explicación y que están bajo jurisdicción judicial.

P- Para terminar, ¿qué les gustaría decir a nuestros lectores? ¿Cómo podríamos ayudar cada uno de nosotros a que la cuestión de la dependencia sea más sencilla?

R- Lo primero es que tenemos que tomar conciencia de que la dependencia no es algo que solamente les pase a los demás. Debemos prevenirla ante todo, pero tambien prepararnos por si nos llega, dejar claramente escrito cómo queremos ser cuidados si tal situación acontece y concienciar a las personas de nuestro entorno para que tambien lo hagan. Es difícil generalizar para dar consejos, porque cada situación es única, dependiendo de las opciones personales, la propia historia y el entorno. Por eso tenemos que esforzarnos en respetar las preferencias individuales, y buscar alianzas, o asociaciones para que nos orienten, sin aplicar paternalismos que nadie querría para sí mismo. Aunque a veces las prisas son inevitables, en general son malas consejeras.

Es necesario escuchar, y muy atentamente a todas las personas que viven, directa o indirectamente la situación de dependencia, sobre toso a aquellas más inconformistas, porque su experiencia es un tesoro social que contiene los elementos necesarios para estudiar la casuística que puede resultar problemática y barajar soluciones con antelación suficiente. Hay que procurar empatizar, profundizar en la raiz y difundir esos problemas con la misma preocupación que tendríamos si se tratara de bebés indefensos, porque la realidad es que sí se trata de personas que se encuentran en una posición de indefensión terrible. Y estar abiertos para estudiar y reflexionar sobre cualquier opción de asistencia que tengamos al alcance.

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La dependencia, una tarea del presente

Qué es la dependencia

Como cada lunes, os dejamos con una infografía que refleja un asunto de gran importancia para el interés general. El hecho es que a día de hoy la inercia demográfica nos pone frente a una realidad ineludible: la dependencia, como hecho que afecta a más de un millón de personas, debe ser uno de los ejes éticos y políticos sobre los que se artículen nuestras políticas públicas. Numerosos colectivos se ven afectados por múltiples dificultades que les impiden desarrollar una vida con dignidad y autonomía. Mayores, personas con discapacidad, sin formación académica, afectados por tratamientos médicos o con largos procesos de rehabilitación… La ley 38/2006 sienta las bases para la cobertura de un derecho fundamental: que las personas que se ven incapaces (por razones de edad, físicas o intelectuales) de desarrollar con normalidad las actividades básicas de la vida cotidiana (ABVC) tengan acceso a los servicios, prestaciones e infraestructura que les permita vivir una vida digna en compañía. Aunque en los ultimos presupuestos (y en el borrador de los siguientes) se contempla un aumento de la dotación económica destinada a paliar este problema, aun es necesario un ejercicio de concienciación al respecto que saque esta problemática de los márgenes y lo situe en el rango ético que le pertenece.

Os dejamos como siempre con las fuentes: